La violencia política de Maduro deja 29 muertos en tres días de protestas


Las FAES se alzó como nuevo órgano represor y de amedrentamiento en las acciones de calle. Expertos explican que este grupo élite, creado por Nicolás Maduro hace dos años, no es responsable de la gestión del orden público. “Estamos, entonces, ante un gobierno usurpador que está enfrentando la protesta ciudadana con una clara intención de causar daño”, dijo el asesor de Provea, Marino Alvarado.



Caracas. Los patrones represivos de los cuerpos de seguridad del Estado no solo se mantienen, sino que han ido escalando en cuanto sus niveles de violencia y tiempo de acción, así lo aseveran expertos. En tan solo tres días, entre el 22 y 24 de enero de 2019, 29 venezolanos perdieron su vida en contexto de protestas a manos de las fuerzas públicas, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea.

“Desde un principio la respuesta del Gobierno ha sido represiva y violadora de Derechos Humanos. Estos oficiales no han tenido la intención de mediar de manera pacífica con los manifestantes. Todo lo contrario, llegan a las manifestaciones empleando fuerza mortal hacia las comunidades de los sectores populares que han sido las protagonistas de esta jornada de protestas”, dijo el director del OVCS, Marco Ponce.

La fuerza mortal de la que habla Ponce en estos primeros días de protestas, en definitiva, ha sido mayor si se compara con las otras jornadas de de acciones de calle que han ocurrido en el país en contra de Nicolás Maduro.

En el 2017, cuando los ciudadanos estuvieron más de cuatro meses protestando, en los primeros cinco días no hubo ningún asesinato. La primera víctima para ese entonces fue Jairo Ortiz, quien murió el 6 de abril en San Antonio de los Altos a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Por otro lado, en el 2014, fueron tres los asesinatos que ocurrieron en el primer día de este movimiento de calle denominado La Salida. Las víctimas: Bassil Da Costa, Roberto Redman y Juan Carlos Montoya murieron el 12 de febrero de ese año. La cuarta víctima, José Ernesto Méndez, murió al sexto día de manifestación.

El artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Además, establece que los “ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas”. Por otro lado, los artículos 43, 44 y 46 de la Carta Magna subrayan que el derecho a la vida es inviolable, así como también la libertad personal y la integridad física, psíquica y moral.

“La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, estipula el artículo 68. No obstante, el excoordinador y ahora asesor de Provea, Marino Alvarado, alerta y apunta sobre la “gravedad” del silencio absoluto de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía sobre los asesinatos de los últimos tres días.


"Se debe recordar que quienes ocupan este cargo actualmente fueron impuestos por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Su silencio demuestra la impunidad del país. Estos órganos terminan siendo cómplices de estas actuaciones arbitrarias"


Más de 200 protestas se han registrado en cuatro días, entre el 21 y 24 de enero, en la Gran Caracas. La mayoría ha sido en sectores populares de la capital. Aunque, de acuerdo con el OVCS, en el 2018 se marcó un récord de protestas en el país con 12.715, los motivos de las manifestaciones han cambiado.

“Estos sectores se empiezan a convencer de que su calidad de vida no va a mejorar mientras Maduro continúe usurpando el poder. De hecho, las consignas han sido en contra de él y sus políticas públicas”, detalló Alvarado.

La primera protesta de esta jornada fue en Cotiza el pasado lunes 21 de enero de 2019. Los manifestantes, además de respaldar a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se sublevaron y atrincheraron en uno de sus comandos en esta zona, gritaban: “No queremos bono, no queremos Clap, queremos que se vaya Nicolás”.

“La demanda de las comunidades es distinta, por eso la respuesta del Estado ha sido distinta. En este caso, represiva. Esa ola de protesta que veíamos desde el año pasado, ya no es exclusivamente por sus derechos sociales, ya tienen un tilde político”, agregó Ponce.

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